Ley de Precios Acordados aprobada por la ANC contemplará “delitos socioeconómicos” y fiscales comunales

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez,  informó que la Ley de Precios Acordados sancionada será modificada para incluir “los delitos socioeconómicos relacionados con la especulación”.

Redacción Vida Agro

“En la Ley de Precios Justos tenemos que modificar lo relativo a los delitos socioeconómicos porque no existe. Usted dijo algo muy cierto, hay sectores económicos, que no es la mayoría, comprometidos con la asfixia económica para desestabilizar a la República y esos sectores van estar incluidos en una nueva categoría de delitos llamados delitos socioeconómicos”, manifestó Rodríguez, reseñó AVN.

Precisó que esta medida estará acompañada de un proceso de fiscalización “del poder popular organizado, a través de los fiscales comunales”.

La ANC aprobó en plenaria la Ley de Precios Acordados el martes 21 de noviembre que pretende “estabilizar la economía y estimular la producción del país”. Se espera su publicación en Gaceta Oficial.

Los primeros seis artículos se aprobaron en sesión del 14 de noviembre y estipulan, entre otras áreas, que los principios y bases para lograr precios acordados de se generan mediante un diálogo de corresponsabilidad entre todos los sectores que den estimulo a la comercialización de 50 bienes y servicios priorizados por el Estado.

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Los puntos aprobados se enfocan en las alianzas entre el Estado y los actores del aparato productivo, negociaciones para precios acordados, análisis de costos, actualización de precios, entre otras áreas.

En su artículo 7, esta ley establece que el aparato productivo nacional podrá realizar acuerdos con el Ejecutivo, alianzas que permitan el abastecimiento, distribución y suministros de todos los servicios y bienes que son prioridad para el país; al mismo tiempo que trabajarán en función del cumplimiento de los precios acordados.

Además indica que “los precios acordados son en función de su eficiencia para asegurar el acceso de las personas a los bienes y servicios”, y que a su vez serán asumidos por las personas naturales o jurídicas como obligatorio en su cumplimiento, para lograr la estabilidad económica del país.

La ley, en su artículo 8, expresa que “el Ejecutivo Nacional, a través del órgano que este determine, convocará a las negociaciones de precios acordados”, logrando reunir a todos entes pertinentes incluyendo al sector público, privado, comunal y los trabajadores mediante los Consejos Productivos.

El artículo 9, explica el análisis de los costos e indica que la Vicepresidencia Ejecutiva será el ente encargado de recibir, mediante una notificación, las estructuras de costos que luego serán analizadas mediante un sistema de información de la administración de precios.

También expone que “el Estado establecerá la tasa de cambio para la estimación de las estructuras del costo”. De igual manera, la ley refiere que los precios de los productos y servicios se revisarán periódicamente, para así garantizar el cumplimiento de la misma.

En el debate, transmitido por ANTV, también se aprobó el artículo 10, referente a la actualización de los precios acordados.

Los puntos once y doce indica que el Ejecutivo podrá reservarse la competencia de incorporar al programa de precios acordados, cualquier bien o servicio que por estrategia o circunstancia especial de interés general y social sea de prioridad para el bienestar del pueblo.

De igual forma, la Disposición Transitoria Única establece el cumplimiento de las sanciones que puedan aplicarse al faltar al “decreto con rango de valor y fuerza de Ley Orgánica y Precios Justos hasta tanto se cree el sistema integrado de seguimiento y control para el abastecimiento soberano y cumplimiento de la política de precios”.

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