Juan Fernando Marrero: “Lo que se vislumbra es más decepción y fracaso, menos producción, menos justicia agraria”

El profesor de Derecho Agrario de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Fernando Marrero, respondió con certeza y sin rodeos a las preguntas hechas por Vida Agro sobre las perspectivas para agricultura venezolana en los días por venir.

Sirlene Araujo

Lo que se vislumbra es más decepción y fracaso, menos producción, menos justicia agraria”, sostuvo el ingeniero agrónomo, experto en Economía Agrícola y Derecho Internacional Económico, quien reconoció no ser “nada optimista” sobre lo que le depara al agro venezolano, tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto.

“Si la orientación de la Asamblea Nacional Constituyente es a la colectivización de las tierras productivas, arrastrará consecuencias indeseables (…) Ojalá me equivoque, porque en este caso sería una equivocación que aceptaría con gusto por el bien de nuestra Nación”, enfatizó el doctorando en Derecho.

-Profesor, ¿cuál es su análisis de lo que le espera al sector agroalimentario venezolano tras la aprobación de la Constituyente que planea entre otras acciones ir a la Propiedad Social o Comunal? 

-No soy nada optimista al respecto ya que tanto el proponente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya convocatoria por cierto fue hecha al margen de lo estipulado en la propia Constitución, como quienes salieron elegidos, ni conocen el tema, ni tienen una trayectoria de logros en el sector agroalimentario, sino todo lo contrario. Si algún fracaso histórico tiene en su haber la propiedad comunal, tomando el ejemplo de la pregunta, es en relación con la agricultura. La propiedad comunal donde quiera que se ha probado, en la Rusia de Stalin, en la China de Mao, en la Cuba de Castro o en México, para utilizar una evidencia de un país no comunista, fracasó rotundamente.La revolución mexicana, agraria en su origen, impuso la propiedad ejidal de tipo comunal en la Constitución de Querétaro en 1917. Dado el evidente fracaso, luego de 75 años, el gobierno mexicano modificó en 1992 la estipulación constitucional y así abrir las posibilidades productivas a las iniciativas particulares y asociativas, de tipo privado.

Si la orientación que llevará la ANC es la profundización de la estatización o de la colectivización de las tierras productivas, no me cabe la menor duda que se afianzará la tendencia de los últimos años, en la que ha disminuido sostenidamente la producción interna y se depende más de las importaciones. Todo ello arrastrará a su vez, consecuencias indeseables, como la migración del campo a las ciudades, desempleo rural, debilitamiento de las regiones y así, consecuentemente. Ojalá me equivoque, porque en este caso sería una equivocación que aceptaría con gusto por el bien de nuestra Nación.

 

-¿Usted ve una nueva oleada de expropiaciones e incluso una reforma agraria?

Prefiero no adivinar. En caso de un escenario como el que me plantea y dado los antecedentes muy negativos que ha traído para el sector rural y productivo la mala aplicación de las expropiaciones, hechas al margen de los principios constitucionales, agrarios y de la propia Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, con un sentido de venganza y no de justicia, con sentido político partidista y no del derecho, lo que se vislumbra es más decepción y fracaso, menos producción, menos justicia agraria. Lo mismo le diría de las nacionalizaciones o estatización de empresas, que siendo privadas y estando funcionando, generando empleos, producción y pagando impuestos, al caer bajo gestión estatal, han fracasado. Es importante señalar, que la institución de la expropiación es garantía de la propiedad privada y no un ataque a esta garantía constitucional. Las expropiaciones son necesarias solo cuando hay una verdadera causa de utilidad pública y deben ser indemnizadas las propiedades expropiadas tal como establece la constitución y la ley, respetando al expropiado, el debido proceso judicial.

-¿Vamos a una cubanización de la agricultura? 

-Vuelvo a responder que prefiero no adivinar porque no es propio de ninguna ciencia y menos de las ciencias sociales adivinar, sino trabajar con escenarios o simular con modelos. De darse tal escenario y suponiendo que «cubanizar la agricultura» se refiera a colectivizar el campo y planificarlo dirigidamente desde el Estado,  eso, además de antihistórico, sería un gran fracaso, sin duda. Es justo señalar, también, que la República de Cuba, viene de regreso de su colectivismo extremo en el campo, con cierta apertura hacia formas pequeñas de propiedad privada y cooperativismo que, como era de esperarse, les ha dado mejor resultado que la estatización de tipo comunista que ha hecho de Cuba, un país que, a pesar de los recursos naturales que tiene, vive de la ayuda  internacional subsidiada, pero sobre todo de las remesas que los nacionales migrados al Estado de la Florida y sus descendientes, en EUA, envían a sus compatriotas de la isla. Esa es la principal fuente de ingreso de Cuba, puede usted creerlo; y también el turismo extranjero de tipo capitalista.

-¿Usted cree que la sentencia del agro venezolano fue la Ley de Tierras promulgada por Hugo Chávez en el año 2001? ¿O cuál hito considera usted que marcó el agro criollo? 

-Más que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada en 2001, en el marco de poderes habilitantes, reformada parcialmente para peor en 2005 y 2010, ha sido una filosofía agraria equivocada, trasnochada, absolutamente a contracorriente del mundo moderno, lo que hizo el peor daño al agro. El finado presidente Chávez pensó que la Venezuela del siglo XX e inicios del siglo XXI era la del siglo XIX, con oligarquías terratenientes. Partió de un falso supuesto, pensando que el latifundio era el gran problema de la tierra en 2001, y ciertamente, sin dejar de reconocer que este ha podido ser un factor a reformar, nada más alejado de la verdad. El problema agrario hoy en Venezuela y desde hace un tiempo ya, es por una parte,  la baja productividad de la tierra, en el marco de una economía rentista, la incapacidad de conformar una agricultura moderna y competitiva e insertarla en la economía con influencia fuertemente petrolera. Por otra parte, se ha debido regularizar la tenencia de la tierra, hay mucha precariedad de la titularidad aún hoy y más en la actualidad.

Esto incluye tanto a los campesinos y campesinas, como a los pequeños, medianos y grandes productores. Además la Constitución de 1999 en su artículo 307, marcó una línea que no fue seguida ni por el expresidente Chávez ni por los legisladores…los productores agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra. Se privilegiaron otros asuntos y se descuidó el principal. Para agravar las cosas, la política de fijación de precios, mantenida como respuesta estructural y no coyuntural, marcó la debacle de los sistemas productivos, al hacerlos poco o nada rentables, junto a otras leyes anti producción como la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria,  sin que se lograra aumentar la oferta agrícola ni la inversión para mejorar la productividad. Las leyes son perfectibles, pero peor que leyes malas, es la aplicación de malas leyes, sin que la administración sea capaz de reconocer errores y de rectificar, a pesar de la evidencia en este sentido.

 -¿Qué deben hacer los actores del campo para protegerse, qué amparo tienen, cómo se pueden defender en el caso que les quiten sus tierras? 

-Están las leyes y los tribunales agrarios. Pero aquí la pregunta es ¿existe estado de derecho y de justicia, para que un productor que se sienta injustamente afectado por un procedimiento irregular del Instituto Nacional de Tierras (Inti), que los ha habido y muchos, pueda demandar la nulidad de ese acto irregular y que le sea admitido y decidido a su favor? Lamento concluir, luego de todos estos años de estudio, análisis e inclusive participación en juicios agrarios, que la respuesta es que no hay tal estado de Derecho. Pero de todas formas, hay que poner a prueba a los operadores de justicia, dejarlos en evidencia, porque la evidencia, que debería ser un factor clave en la decisión de un juez y que muchas veces no lo ha sido, créame que a nivel científico, si que sigue siendo el factor fundamental para el avance de la ciencia. Hay muchos estudios que muestran y demuestran, como los tribunales agrarios han actuado alejados de los principios del derecho y de la justicia agraria. Para muestra el estado del medio rural de nuestro país.

-Desde el punto de vista del Derecho Agrario, ¿qué se ha irrespetado, incumplido?

-Solo por poner un ejemplo concreto. El artículo 22 de la Ley de Tierras vigente señala los principios que deben regir las actuaciones tanto de los tribunales agrarios como de los entes administrativos como el INTI. Allí aparece, por ejemplo, el principio de la seguridad alimentaria. Hoy día luego de 16 años de la promulgación de esta Ley, el país sufre de inseguridad alimentaria. Desabastecimiento, inflación alimentaria, escasez, dependencia de las importaciones. En ese artículo se habla también, aunque parezca insólito, del respeto a la propiedad privada. El INTI tiene una larga lista de intervenciones alejadas de este principio. Otro, el principio de la promoción y protección de la producción nacional, también se ha irrespetado. Hoy día importamos la mayoría de los productos que consumimos, tanto alimentos como materias primas para elaborarlos. Somos menos seguros y menos soberanos como país, desde el punto de vista agroalimentario, puesto que se han irrespetado todos aquellos principios que son garantes de la promoción de una agricultura sustentable, de un desarrollo rural integral y de la seguridad agroalimentaria de la población.

 

 -Nos puede hacer un balance de la agricultura venezolana en los 18 años del chavismo…

-Te doy datos y no opiniones. Venezuela es de lejos, en la actualidad, el país con la inflación alimentaria más alta del mundo. El nivel de escasez  de productos básicos alimentarios ha llegado al orden de entre 60%-80 % en algunos rubros, según datos del Banco Central de Venezuela, para 2016. Por cierto, el ente emisor cambió el nombre de esta variable por el de Índice de Percepción de Acaparamiento, una especie de eufemismo estadístico que a los efectos prácticos es lo mismo, escasez de rubros alimenticios por causa de un desabastecimiento crónico. La disponibilidad de insumos, repuestos, maquinarias, agroquímicos, semillas, ha estado severamente comprometida.

La producción cae hasta 50 % en algunos años para ciertos cultivos e importamos rubros que antes exportábamos, como el café.  En los términos del artículo 305 constitucional, la seguridad alimentaria está en riesgo severo, puesto que la disponibilidad de alimentos no es ni suficiente, ni estable y el acceso a los mismos, ni es oportuno ni permanente. Los venezolanos tenemos que hacer colas para adquirir la comida, que la venden eventualmente, por cuotas y con marcaje de control por medio de sistemas biométricos. Los estudios nutricionales despiertan señales de alerta. El campo se ha vuelto un sitio muy inseguro, con muchos robos de equipos, secuestros de productores, pago de coimas a funcionarios para comprar protección o de «vacunas» a grupos irregulares para lo mismo, etc. Con estos datos, ahora si puedo dar una opinión: Desafortunadamente, el balance sectorial es muy negativo, ciertamente muy negativo, a pesar de grandes inversiones hechas desde el Estado, que se han perdido la mayor parte de ellas o no han dado los resultados esperados

­­– ¿Qué opciones hay para salvar la agricultura venezolana? 

-Aunque suene a un lugar común, hay que lograr de verdad un acuerdo, sincero, entre el sector productivo, tanto primario como agroindustrial, con el Estado, vale decir aquí con el gobierno y con el sector científico agrario como son las universidades y centros de investigación agrícolas. La producción de alimentos es un hecho social, pero también se rige por leyes científicas y, ciertamente, debe ser un negocio rentable para quien lo lleva adelante. Cuanto más atractivo sea producir, mayor oferta habrá disponible y el problema será más bien regular precios para que no caigan tanto por sí mismos, y no pongan en riesgo la rentabilidad del sector. Pero este problema, el de los excedentes, es más sencillo de resolver. No existe Estado productor eficiente, no la ha habido y seguramente no lo habrá. Mucho menos de tipo comunal, esto es engañar a la población con falsas expectativas. O nos ponemos de acuerdo todos los eslabones de la cadena productiva o seguiremos siendo un país dependiente tanto tecnológicamente como productivamente.

 

– ¿Usted cree que con este Gobierno se puede lograr de verdad un acuerdo como el que usted señala, visto ya estos 18 años? ¿O solo se logrará este acuerdo con un cambio de Gobierno?

-A juzgar por todo este tiempo y la ideología de esta fallida revolución, la única forma de que se logre un acuerdo es que este gobierno vea de verdad muy en riesgo su permanencia en el poder. Y aun así, sería un acuerdo con pies de barro, porque lo procuraría el gobierno por su propio interés y no del país. El totalitarismo implica que solo vale el que está gobernando. Los demás o se someten o luchan. Yo en lo personal creo que un verdadero acuerdo que saque al agro de su crisis se logrará con el cambio de este gobierno.

 

 

Share