Fedecámaras rechaza la toma de tierras productivas en el país

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) rechaza la toma por parte del Gobierno de las tierras que conforman la finca “El Gólgota”, perteneciente al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Carlos Odoardo Albornoz.

Redacción Vida Agro

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La finca “El Gólgota” es de tierras productivas, producen anualmente 45.000 kilos de carne, más de 36 millones de arepas y 1 millón y medio de vasos de leche. Como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, este tipo de acciones desarrollado por el gobierno sobre tierras productivas, solo profundiza los niveles de desabastecimiento y sustento alimentario de la mesa de los venezolanos, dice un comunicado del gremio empresarial.

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Desde 2007 y hasta la actualidad, se han cerrado más de 1.500 establecimientos empresariales y la confiscación de más de 5 millones de hectáreas productivas, trayendo como consecuencia la destrucción del aparato productivo nacional.

El gobierno insiste en su conducta de irrespeto al derecho de propiedad privada y libre iniciativa empresarial.

La notificación de rescate de las tierras que recibió el presidente de Fedenaga, constituye una nueva violación al Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, que protege la libertad sindical de los empleadores y contradice el llamado reiterado del Consejo de Administración de ese organismo internacional a cesar los hechos de intimidación contra los dirigentes gremiales de Fedecámaras.

Este tipo de hecho forma parte de las denuncias que constituyen la Queja conforme al artículo 26 de la Constitución de la OIT que lleva el sector empleador contra el gobierno de Venezuela por incumplimiento de los Convenios suscritos en el seno de ese organismo internacional y ratificados por el país, en la cual se encuentra pendiente para su discusión en noviembre, la decisión de constituir una Comisión de Investigación para verificar la situación de incumplimiento de los Convenios y exigir al Gobierno su cabal cumplimiento.

El derecho de propiedad y la empresa privada es base fundamental de la civilización y condición indispensable para el progreso económico y social de cualquier país y el desarrollo humano de sus pueblos, señala el comunicado.

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